17 may. 2004

Derecho a retracto en Educación

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) ha presentado una indicación en la Ley del Consumidor que se discute en el Parlamento, para que los estudiantes que se matriculen en una institución de educación superior cuenten con un “período de retracto” de 30 días, durante el cual pueden desistir de la matrícula, ya sea por razones socioeconómicas, por haber quedado seleccionado en otra casa de estudios o simplemente porque estiman que las condiciones en que se desenvuelven sus estudios no son las ofrecidas por la institución al momento de la matrícula.



La propuesta hecha por el SERNAC llena un importante vacío que deja a estudiantes y familias expuestos en absoluta desigualdad de condiciones ante la contratación de servicios educacionales.



Se ha transformado en un verdadero ritual el de las campañas de difusión que realizan las instituciones de educación superior para captar estudiantes y que comienzan ya en el mes de noviembre. El problema es que los estudiantes son fuertemente presionados a matricularse antes de que se publiquen los resultados de las pruebas de selección o de las propias postulaciones a universidades del Consejo de Rectores. Así, frente a la incertidumbre de dichos resultados, muchas familias se ven tentadas a “asegurar” un cupo inscribiendo al estudiante.



Las presiones van desde llamadas telefónicas insistentes a jóvenes que han solicitado información previamente, cartas, información de “vencimiento de las fechas de postulación” o de “escasas vacantes”, generando una verdadera e ilegítima presión psicológica en una etapa en que, es para todos evidente, los estudiantes están sometidos a un fuerte estrés.



Por esta vía, los estudiantes no eligen con libertad la institución que mejor se acomoda a sus intereses, expectativas, posibilidades económicas, perfil profesional, o calidad académica. A río revuelto, ganancia de pescadores, y aquí ganan los pescadores más “vivos” para inducir la matrícula de los estudiantes, ya sea a través de costosas campañas de difusión, promotoras y promotores, supuestos “descuentos por preinscripción”, etc.



Esta indicación ha generado algún grado de preocupación en algunas instituciones, especialmente algunas universidades privadas. Sin embargo, la indicación propuesta por el SERNAC no sólo puede constituir una forma de hacer más transparente y competitivo dicho mercado. Puede ser una señal muy interesante para el sistema de educación superior chileno. Si los estudiantes y sus familias pueden elegir con mayor libertad y tranquilidad, sin presiones indebidas, entonces las instituciones deberán asegurarse de que, más que el anzuelo de un procedimiento administrativo apresurado, lo relevante es mejorar la oferta real que hacen. Ello puede traducirse en mejor calidad de los servicios educacionales, mejores condiciones socioeconómicas para acceder a ellos o mejores beneficios asociados.



Aparte de este incentivo indirecto al mejoramiento de la calidad de la educación superior, el único costo práctico e inmediato, para las instituciones de educación superior, que puede provocar la medida propuesta, es la necesidad de, como lo hacen todas las universidades del Consejo de Rectores desde hace muchos años, establecer “listas de espera” para los estudiantes que tienen menos puntaje de acceso, de manera que, de producirse el “retracto” de otro estudiante, ellos ocupen dicha vacante.



La iniciativa contempla, además, medidas de resguardo para evitar abusos de posibles usuarios, como el plazo máximo para ejercer el derecho y la obligación de pagar los costos de matrícula y el período en que se asistió a clases. Eso permitirá a las instituciones contar con una base razonablemente sólida de matriculados y con flexibilidad para los casos en que opere el retracto.



Parece bien evidente que la iniciativa propuesta enfrenta un problema real con una solución inteligente, que pone los incentivos en la dirección correcta y los resguardos adecuados. Chile requiere mejorar sustancialmente la calidad de su capital humano, y por tanto, su educación superior. Para ello, el sistema educacional debe asegurar que el principal criterio de elección de carrera y de selección es el mérito.



La palabra la tienen ahora los parlamentarios, que conocen de cerca los problemas reales que enfrentan muchos jóvenes y sus familias por este vacío legal. De no prosperar la iniciativa, son ellos mismos los que deberán explicar a sus electores por qué se les negó el apoyo a esos jóvenes y se les dejó innecesariamente expuesto su futuro.

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