17 jun. 2004

Transparencia en Educación

La Educación es un bien público, como lo es el acceso de todo ciudadano a otros derechos como la salud, la vivienda o los servicios básicos. Todos ellos son importantes, pero la educación es la que permite no sólo aprovechar esos bienes de mejor manera, sino, sobre todo, garantizar el que como sociedad podremos contar en el futuro con una mejor calidad de vida, en especial los chilenos de menores recursos.



De ahí que, como país, sea relevante asegurar que el sistema educacional funciona adecuada y eficientemente. Como todo bien público, requiere para su desarrollo de niveles de transparencia muy grandes, de manera que las autoridades estén en condiciones de regular las posibles distorsiones que pueda contener tan importante mercado, pero en especial, para que la propia ciudadanía, cuente con instrumentos que le permitan saber, evaluar, fiscalizar, participar y hacer valer sus derechos.



Hay a lo menos tres ámbitos en los que es indispensable avanzar en la transparencia del sistema educacional chileno para garantizar la información a padres, apoderados y estudiantes: los procesos de selección de alumnos, la disposición y uso de recursos públicos y los resultados de aprendizaje.



Los procesos de selección de alumnos en los establecimientos escolares son mayoritariamente una caja negra. Nadie sabe muy bien qué se evaluará, cuáles son los criterios de selección, quienes son los que deciden y el esfuerzo de cualquier padre o madre para saber las razones por las que su hijo o hija no ha sido aceptado en determinado colegio puede ser una tarea titánica. Es indispensable establecer un marco básico de transparencia para los procesos de selección que permita conocer con antelación las condiciones de postulación y, luego del proceso, saber sus resultados. Sólo de ese modo podremos garantizar que no se desarrollan prácticas arbitrarias de discriminación en ellos.



Hace algunas semanas el Ministerio de Educación informó que había quitado el carácter de “Reservado” a los montos de subvención que entrega a cada establecimiento, ya sea de aquellos vinculados a la asistencia de alumnos como los que se entregan para la mantención de los establecimientos. Es indispensable ahora hacer pública y accesible esa información, de manera que las comunidades escolares puedan conocer de fuente oficial los montos destinados a la educación de sus hijos y alumnos y apoyar para que dichos recursos sean usados eficientemente. Esto permitirá terminar con las dudas ambientales que hoy se escuchan del desvío de los recursos de educación hacia otros fines, en el caso de la educación municipalizada, o del enriquecimiento indebido, en el caso de la educación particular subvencionada.



Respecto de los aprendizajes, hoy es muy difícil para una familia saber con cierta objetividad la calidad de la educación que sus hijos reciben. El único indicador nacional es el SIMCE y su globalidad lo hace insuficiente para dar cuenta a unos padres concretos del aporte de la escuela, liceo o colegio al mejoramiento de los aprendizajes de su hijo o hija. En parte esta insuficiencia radica justamente en que las condiciones de entrada de los alumnos (culturales, familiares, económicas, etc) son muy diversas.



Para las familias debieran ser relevantes, a lo menos, dos cosas: primero, cuánto mejoran los estudiantes sus aprendizajes respecto de sí mismos, es decir, cuál es el valor agregado que la escuela aporta a partir de las condiciones de entrada de un niño o joven. Segundo, cuáles son los resultados de aprendizaje de cada estudiante respecto de los resultados esperados para cada nivel de educación.



Para lo primero, es necesario ofrecer a los establecimientos nuevos instrumentos de evaluación normalizados, que permitan la aplicación regular en las escuelas y entreguen información relevante y pública para los apoderados respecto de los avances obtenidos, de manera de poder conocer la efectividad real de cada escuela en el mejoramiento de los aprendizajes. Sobre lo segundo, establecer estándares de egreso por nivel o a lo menos por ciclo, a partir de los contenidos curriculares, debiera ser una tarea urgente, ya que permitiría conocer el avance específico de cada alumno respecto de los aprendizajes esperados para ese nivel.



El consenso nacional sobre el lugar central que ocupa la educación para asegurar un desarrollo permanente del país debiera motivar un esfuerzo serio por mejorar la transparencia del sistema. La efectividad de los establecimientos educacionales para mejorar los aprendizajes de los estudiantes pasa necesariamente por el compromiso y la participación de todos los actores, cada uno haciendo su tarea, y para ello, es indispensable contar con mayor y mejor información.

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