24 oct. 2005

Diez prioridades en educación (2/3)

Fotografía de un grupo de tres profesores, una mujer y dos hombres, mirando hacia la cámaraContinuamos con esta serie en la que queremos proponer los temas que me parecen clave de abordar para el mejoramiento de la calidad de la educación en nuestro país. Señalamos primero el aumento de la cobertura en la educación parvularia, el mejoramiento de los sietmas de evaluación de los aprendizajes, la necesidad de promever la participación responsable de las familias y finalmente mencionamos los desafíos ante la formación, las prácticas y la evaluación docente.

En este segundo artículo nos referiremos a algunos aspectos más estrucrales del sistema qu es nevesario abordar. En primer término, es clave dotar de mayor autonomía a las escuelas. Hoy día, todas las escuelas subvencionadas tienen enormes dificultades para resolver en el sno de su comunidad muchas de las dificultades que enfrentan.

Esto es especialmente fuerte en el ámbito municipal. Si un establecimiento municipalizado tiene la mala suerte de contar con un alcalde y/o una corporación municipal indiferente ante la administración de la educación, sin sntido de urgencia e importancia, o simplemente ineficientes en el cumplimiento de sus tareas, se encuentra en el peor de los mundos, ya que no cuenta, por sí misma, con las atribuciones mínimas para tomar decisiones relevantes acerca de su gestión: no puede administrar su presupuesto (puede que ni siquiera lo conozca), no puede administrar su personal, ni siquiera puede definir su gestión pedagógica, sin contar con la enorme demanda que sufrirá de parte de supervisores y representantes de programas directos del MINEDUC. Si el alcalde y/o la corporación, en cambio, tienen interés y ganas de priorizar la gestión educativa, los problemas se trasladan de nivel, ya que ellos tampoco contarán con la autonomía y flexibilidad que requieren. En concreto, se necesita que a nivel municipal las autoridades educacionales cuenten con las atribuciones (y los grados de responsabilidad y cuenta pública correspondientes) para cumplir ta tarea que se espera de ellos.

Avanzar en la autonomía de la gestión de las escuelas tiene como contrapartida el desafío de profesionalizar la gestión de las escuelas. Hasta ahora, el estatuto docente ha impuesto que la dirección de la escuela la deba hacer un docente. Esta es una rigidez incomprensible. Que el Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica deba ser docente, es natural, se trata de una tarea que demanda conocimientos y experiencia pedagógica. Pero la dirección exige habilidades de gestión, de administración de recursos financieros, humanos y técnicos que un docente puede o no tener y, qué duda cabe, otros profesionales también.

La "Ley de Directores" aprobada el año pasado es una avance ya que establece mayores requisitos y apoyos, pero el paso siguiente debiera ser la aprtura a otras profesiones que pudieran aportar una mirada más amplia y más específicamente preparada que la que tenemos hoy.

La investigación en educación es un tercer aspecto que se debe potenciar mucho más. Y más que la investigación pura o la reflexión teórica, siempre importante, Chile debiera destinar sus escasos recursos, por una parte, a un mejor conocimiento del propio sistema educativo y su funcionamiento. Hoy apenas tenemos datos estadísticos e investigación empírica respecto del sistema educacional y el funcionamiento de su modelo. Lo poco que tiene el propio ministerio al respecto está, además, desintegrado por unidades y programas, lo que impide poder formarse una visión general. Por otra parte, es necesario concentra también la investigación en el rescate de experiencias educativas específicas, que en razón de su éxito o buen resultado puedan constituirse en modelos expecíficos de aplicación.

Finalmente, las medidas tomadas crecientemente por los gobiernos de la Concertación han permitido mantener el crecimiento de estudiantes que acceden a la educación superior, especialmente de estratos medios y bajos, incrementando fuertemente los recursos disponibles para créditos y becas. Especialmente en el gobierno actual, este tema ha contado con especial atención y, de aprobarse las iniciativas propuestas, debiera reducirse la importancia que el tema del financiamiento estudiantil ha tenido en la agenda de trabajo en este nivel.

Lo anterior impone destinar todas las energías y esfuerzos al mejoramiento de la calidad en la educación superior. Es evidente que la calidad de la formación superior chilena está lejos de ser lo que el país requiere, tanto en el ámbito público, muchas veces por problemas de gestión, como en el privado, más preocupado de la rentabilidad que de la calidad, lo que es una bomba de tiempo. El sistema de educación superior chileno gozó de una alto prestigio, lo que de verse detriorado crecientemente, terminará afectando finalmente a estudiantes y al país en su conjunto. Fortalecer la acreditación (haciéndola obligatoria para acceder a fondos públicos, diversificando las formas y mecanismos, difundiendo sus resultados), flexibilizar la gestión en el sistema público, regular inteligentemente la oferta mediante incentivos, mejorar sustancialmente la información con que cuentan los estudiantes al momento de postular.

La reducción del tiempo de estudios a tres o cuatro años puede ser una medida efectiva para "ahorrar" recursos públicos en créditos y becas, pero si no va acompañada de mecanismos que permitan asegurar la calidad, se transformará en una solución costosísima para el país en el corto plazo. Terminar con la pesadilla económica que viven las universidades públicas es urgente, y es también una oportunidad para exigirles, justamente en beneficio del bien público, que ellas sean ejemplo de transparencia, eficiencia y resultados.

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