14 jul. 2007

Los Actores Invisibles

fotografía de un grupo de estudiantes, al fondo se ve el edificio de un establecimiento ewscolarLos textos referidos a los grupos de interés envueltos en los procesos de reforma, ponen espacial énfasis en el rol que juegan los actores organizados, en particular los gremios docentes, tanto para frenar los cambios como para facilitarlos.

En Chile también han jugado un papel importante, dada la organización del sistema educacional, los sostenedores, agrupados fundamentalmente en la CONACEP, la FIDE y la Asociación de Municipalidades. Estas tres organizaciones son representativas de los dueños o administradores del 90% de la matrícula escolar y par tanto muy relevantes a la hora de las definiciones de fondo. En todo caso, la consideración a los sostenedores en la definición de las políticas públicas educativas ha sido muy secundaria respecto de los docentes, agrupados en el Colegio de Profesores, los que a su vez, se han quejado sistemáticamente de ser poco escuchados.

Las familias y los estudiantes han sido mucho menos privilegiados a la hora de establecer mesas de trabajo y comisiones, teniendo una participación más esporádica y menos sistemática. En ello influye el que se trata de estamentos muy atomizados respecto de su organización. Bastó que los estudiantes constituyeran un referente “nacional”, la “Asamblea Nacional de Estudiantes Secundarios (ANES)” para que lograran una movilización de gran respaldo, que obligó a reponer y priorizar el tema educativo en la agenda del gobierno. Sin embargo, los conflictos internos del movimiento producto de los intentos de varios sectores por manipular el movimiento y el recambio generacional, terminaron diluyendo ese impacto, aunque nada impide que en cualquier momento puedan volver a articularse. Las familias no ha logrado constituir referentes representativos, y no han pasado de experiencias interesantes a nivel comunal, generalmente impulsadas por un dirigente especialmente activo, pero que languidecen una vez que ese dirigente deja de participar (Renca, La Florida, Pudahuel, San Miguel).

Por supuesto que el mejor intencionado hacedor de política tratará de considerar la voz y opinión de los actores afectados en la implementación de cada nueva iniciativa, pero encontrará muy probablemente que varios de ellos no tienen la organización ni estructura mínima que pueda garantizar un diálogo representativo y legítimo sobre los intereses globales de esos actores.

Los sistemas públicos en general, y los educativos no escapan a esa regla, han hecho un trabajo más bien escaso por escuchar y establecer canales formales y regulares de comunicación con sus usuarios, de manera de mantener una “sintonía fina” respecto de sus inquietudes y necesidades.

La experiencia inicial desarrollada en el Ministerio de Educación de Chile entre los años 2003 y 2004, con la formación de la oficina 600.Mineduc, buscó justamente desarrollar una primera e incipiente aproximación directa a los usuarios del sistema escolar.

Hasta ese momento, las “Oficinas de Información Educacional y Cultural, OFIEC” tenían el rol de ventanilla de reclamos y trámites tradicional del aparato público, dependía del Departamento de Administración General y se formó con personal “donado” por otras unidades del nivel central, regional o provincial, es decir, en general, funcionarios de planta no considerados indispensables en sus unidades de origen.

El trabajo fundamental de esta oficina fue, por una parte, mejorar las condiciones de atención de los usuarios y por otra, aprovechar el conocimiento que pudiera obtenerse de este contacto diario con la ciudadanía.

Respecto del primer objetivo, se comenzó por mejorar las condiciones físicas de las oficinas y la capacitación y dignificación del personal que trabajaba en ellas, dándoles sentido de misión a su tarea. Además se desarrolló material impreso sobre los temas más típicamente consultados, de manera de entregar a los ciudadanos y se comenzó el proceso de revisión e informatización de trámites, de manera de agilizar la respuesta (un certificado de notas podía demorar hasta dos meses en entregarse).

Sobre el segundo objetivo, se estableció un sistema de registro, que permitió conocer muy rápidamente los temas y reclamos más frecuentes. Gracias a ello, se pudo elaborar nuevo material informativo, pero más profundamente, se detectaron seis procesos críticos para los ciudadanos, lo que dio origen a la propuesta de seis modificaciones legislativas, propuestas por la Oficina 600.Mineduc al Ministerio, previo cotejo y negociación con las agrupaciones de sostenedores y el Colegio de Profesores, de las cuales cuatro fueron presentadas y aprobadas en el parlamento con amplio consenso.

La información sistematizada de los reclamos y preguntas de los usuarios permitió también definir una “unidad de discurso” para el ministerio, que buscó alinearse con esas necesidades y percepciones de los propios usuarios. Finalmente este trabajo se tradujo en la organización y desarrollo de los “Diálogos Ciudadanos”, reuniones más o menos masivas de actores educativos en torno a sus temas de interés, las que lamentablemente decayeron cuando sus conclusiones quedaron guardadas en cajones en lugar de continuar profundizando el proceso.

La principal reflexión al respecto es que independientemente de la muy necesaria consideración de los actores debidamente organizados, la política pública del siglo XXI debiera contemplar crecientemente la alimentación proveniente de la vida real de los propios usuarios. Sus necesidades, inquietudes y problemas cotidianos son los que finalmente tiende a resolver la decisión política. No poner oído atento ni tener una palabra apropiada para hablarle a los ciudadanos de los temas que les importan y en el lenguaje que les interesa, es también poner en riesgo la legitimidad y la instalación de los grandes procesos de reforma, ya que son ellos los que cada día (y con mucha fuerza cuando toca renovar a las autoridades mediante el voto) darán sustento en el largo plazo a dichos procesos.

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