12 sept. 2007

¿Quién tiene que educar en Chile?

fotografía de una sala de clases en que frente a la pizarra, una profesora y dos alumnas desarrollan una actividad con una pelotaEl sistema educativo en Chile se encuentra regulado por la Constitución, un conjunto de leyes que enmarcan su funcionamiento, y un sin número de decretos y reglamentos que regulan su desarrollo. A través de su revisión, puede establecerse una idea general acerca de quiénes son los responsables de la educación en Chile, y qué se espera de cada uno de ellos.

Así, la Constitución establece en su capítulo 1 que:

“El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”

En el capítulo III agrega que:

“La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho”.

De este modo, se configura una primera forma de responsabilización en lo que se definirá como la Libertad de Enseñanza: los padres son los responsables de la educación en Chile, el Estado, debe proteger y otorgar las condiciones para que ese derecho y deber sea ejercido.

Sin embargo, en el párrafo siguiente la Constitución define:

“La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna.
El Estado está obligado a financiar un sistema gratuito de educación básica y fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles.
Una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media y señalará las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado velar por su cumplimiento. Dicha ley, del mismo modo, establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel”.

Por su parte la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) del 10 de marzo de 1990, fija los objetivos generales de los ciclos educativos. Establece que los establecimientos educativos podrán –como aplicación de la libertad de enseñanza- preparar y proponer sus propios planes y programas de enseñanza, siempre que se atengan a un conjunto de objetivos fundamentales y contenidos mínimos por grado, que elaborará el Ministerio de Educación. Este aprobará las propuestas de los establecimientos y supervigilará su aplicación.

Se configura una segunda responsabilización que de sutilmente diluye la anterior. El Estado financia y regula el sistema educacional, pero la Libertad de Enseñanza incluye también el derecho para “abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales”. Es decir, los padres, como responsables de la educación de sus hijos, eligen libremente el establecimiento en el que quieren que sean educados y, si no existe un establecimiento que los satisfaga, tienen la posibilidad de crear uno, sin más limitaciones que “la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional”.

Consistente con este espíritu, la LOCE estableció requisitos realmente mínimos para ser propietario (sostenedor) de un establecimiento educacional en Chile, bastando para ello haber terminado la educación media. Así mismo, define que todo establecimiento deberá cumplir con el marco curricular que propone los objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios, pero podrá desarrollar sus propios planes y programas para alcanzarlos. Una prueba nacional estandarizada (SIMCE) dará cuenta del cumplimiento mediante la información pública de los resultados de cada establecimiento.

Evidentemente, desde el punto de vista ideológico, el supuesto de esta definición es que el mercado podrá regular la calidad de la educación, por cuanto los padres, primeros responsables de la educación de sus hijos, elegirán las mejores alternativas a su alcance, ejerciendo presión sobre los resultados educativos en los establecimientos o cambiando a sus hijos cuando estimen que ya no satisface las expectativas que se propusieron. Mediante el ejercicio de su libertad, los padres empujarán la calidad educativa, por cuanto los establecimientos competirán por atraer a los mejores alumnos y los que no logren constituir ofertas atractivas, deberán cerrar por falta de matrícula necesaria para su financiamiento.

Las bases de este sistema no han sido modificadas sustancialmente por los gobiernos democráticos. Al contrario, el sistema de financiamiento compartido no hizo sino consolidar esta lógica, la que ha sido más bien traducida, desde su origen “neoliberal” a un lenguaje “progresista” que presenta la oportunidad de ejercicio ciudadano que implica el rol de los padres, estudiantes y docentes, estableciendo por Ley el funcionamiento del Consejo Escolar y protegiendo la formación de Centros de Padres y Alumnos, de manera que la elección y presión no tenga sólo un carácter individual, sino colectivo, ciudadano. Salvo la muy minoritaria posición institucional de una parte importante del Colegio de Profesores, el resto del país parece haber abandonado otras lógicas de estructuración del sistema, basadas en un estado educador, una ideología global o el fortalecimiento de las organizaciones locales o medias.

Y sin embargo, desde su lógica de mercado, el sistema tampoco ha demostrado su eficacia. Las fallas y asimetrías del mercado educativo han demostrado impracticable la utopía de padres eligiendo y empujando la calidad educativa de Chile. Por señalar sólo un par de ejemplos, salvo en la Región Metropolitana y en las grandes capitales regionales, en el resto del país la elección es completamente imposible: no hay (ni podría haber, porque no dan las “escalas de negocio”) educación alternativa para muchos padres, mucho menos en la educación media. Además, la lógica del sistema hoy día propone a los padres elegir por la “calidad” de cada establecimiento, reduciendo el concepto de calidad a los resultados en las pruebas SIMCE, que en realidad sólo miden los resultados educativos de Lenguaje, Matemáticas y Ciencias en tres niveles (4º, 8º y 2º). Es evidente que para los responsable de la educación (los padres) esa información ha sido completamente insuficientes, incluso cuando ha sido comunicada adecuadamente, lo que ha ocurrido las menos de las veces.

El doble resultado de lo anterior: por una parte, los proveedores educativos (Ministerio de Educación, sostenedores, expertos y docentes) han desarrollado infinitas estrategias, planes, programas, proyectos, pilotos, marcos, fondos, bases y publicaciones tendientes a mejorar los resultados educativos no sólo con escaso éxito, sino prescindiendo casi del todo de los padres como actores de dichas propuestas y también de la debida preocupación por mantenerlos informados e involucrados, por lo que han quedado fuera de la compresión sobre lo que sus hijos estudian.

Por otra, los propios padres, tensionados entre unos procesos y resultados educativos que no entienden y que sin embargo están convocados a considerar permanentemente, y sus propias opciones diversas, en las que junto a los “puntajes SIMCE” quieren valorar la “formación integral” (lo que sea que cada padre entienda por eso), han abandonado las señales desde el mundo educativo y optado por seguir su propio corazón. La “calidad educativa” para los padres es un concepto mucho más rico que el puntaje SIMCE, que da cuenta de una experiencia local, única y cotidiana, vinculada a las interacciones directas que tienen los padres (con sus valores, necesidades y posibilidades) y los establecimientos, y por tanto asociados mucho más regularmente a la existencia (o no) de comunidades educativas con características específicas que las orientan hacia la calidad.

La Ley General de Educación, que está actualmente en trámite parlamentario, no parece mejorar las cosas en este ámbito. Como señala Mariana Aylwin (“Derechos y deberes de los actores del sistema educativo en la nueva Ley General de Educación”, en La Reforma al sistema escolar: aportes para el debate. Brunner y Peña, 2007), muchas de las medidas propuestas “en vez de otorgar espacios de libertad para que las propias escuelas decidan cómo avanzar hacia esas metas [los estándares de resultados] a partir de su realidad y proyectos, definen desde la ley (desde arriba) el cómo deben hacerlo”. Como señala en su texto Aylwin, los derechos y deberes que este proyecto de Ley establece para los actores educacionales son innecesarios, por cuanto se trata de enunciados, o bien ya considerados en leyes generales y la constitución, o impropios de ser regulados por ley ya que debieran ser materia a resolver al interior de las propias comunidades educativas. Señalamos además, por nuestra parte, que agregan confusión en donde debieran aportar claridad: quiénes son finalmente los responsables de la (mala) educación que reciben nuestros niños.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Creative Commons License

Esta obra está bajo una
licencia de Creative Commons.