1 oct. 2007

“Accountability” en el sistema escolar chileno

Fotografía de una reunión de padres y apoderados en que un hombre se dirige a la asambleaEs un lugar común escuchar que la educación es responsabilidad de todos. No hay discurso bien escrito que no llame la atención sobre el papel insustituible que tiene el Ministerio de Educación, la responsabilidad legal que pesa sobre los sostenedores públicos o privados, la centralidad del rol de los directivos, lo fundamental del cuerpo docente y su preparación y compromiso, el indispensable involucramiento de los padres en los estudios de sus hijos y el inevitable esfuerzo que deben poner los estudiantes en torno a sus aprendizajes. Como recordamos de nuestra lectura escolar de “Fuenteovejuna”, si todos mataron al comendador, nadie lo hizo. Si todos son LOS responsables de la buena educación, nadie lo es.

Probablemente si en nuestro país estuviera más claro quiénes son los responsables de la educación, o mejor dicho, si cada uno de los actores involucrados conociera, entendiera y asumiera sus propias responsabilidades, podríamos avanzar efectivamente hacia un sistema educacional que se ordenara en torno a la calidad de la educación. Si nuestro ordenamiento legal no es del todo claro, y las prácticas han llevado a una des-responsabilización bastante generalizada, tal vez sea la hora de la “Accountability”.

Se trata de un concepto sin traducción literal al español (se ha traducido como “rendición de cuentas”) y que se ha puesto de moda en el mundo educativo, principalmente para definir la necesidad de que los directivos de las escuelas se hagan responsables de los resultados educativos ante sus comunidades, aunque el concepto es más amplio, por cuanto tiene que ver con que dicha rendición de cuentas es para todo actor educativo y se relaciona con las responsabilidades que cada uno tiene en el proceso educativo.

Si al comienzo se entendió que la rendición de cuentas tenía que ver con el apego a ciertas normas declaradas (los proyectos educativos, por ejemplo) o a ciertas prácticas (normas internas de los establecimientos), se ha hecho cada vez más común que la rendición gire en torno, o se haga de alguna manera cargo de los resultados educativos.

Si se trata de establecer responsabilidades en torno a los resultados, es evidente que ellas deben responder en primer lugar a una metas compartidas. Y esas metas no pueden ser (sólo) las que fija el Ministerio a través de leyes o llamados, sino que debe nacer de los valores, el diagnóstico y las expectativas que tiene cada escuela respecto de sí misma. Es muy difícil exigir a alguien que se sienta profundamente responsable frente a metas que se le imponen desde afuera o desde arriba. Esta es el único camino en el cual la escuela en cuanto comunidad completa, se puede hacer responsable de sus tareas. “En los sistemas basados en resultados, los fracasos de los alumnos en materia de aprendizaje se atribuyen a debilidades de los programas y prácticas educativos más que a las características y a los antecedentes de los alumnos”, como señala Jo Ann Anderson3.

Establecidas las metas (siempre entendidas como resultados esperados, aunque nunca restringidas a un sólo indicador, como los resultados en las pruebas estandarizadas nacionales), continua Anderson, “los sistemas de rendición de cuentas factibles y defendibles se construyen sobre componentes convergentes entre sí: objetivos, evaluaciones, instrucción, recursos y recompensas y sanciones deben reforzarse mutuamente”.

En otras palabras, se propone un sistema coherente, desde la definición de las metas hasta las consecuencias que tendrán los buenos o malos resultados. Esto es bien obvio decirlo, pero probablemente sea la principal causa de la desorientación que tenemos en nuestro sistema educativo hoy. En la desesperación por mostrar resultados hemos ensayado tantas fórmulas que cada una ha ido dejando huellas distintas, instrumentos diversos, nuevas prácticas, y no necesariamente, todas compatibles o consistentes entre sí.

Bajo esta regla de consistencia, es un importante requisito contar con la información adecuada. Si se espera que cada actor conozca lo que se espera de él y lo asuma responsablemente, es indispensable para ese actor contar con los conocimientos para cumplir sus tareas.

Actualmente la precariedad de los sistemas de información de los padres, las escuelas y aun del propio Ministerio de Educación son abismantes. Hoy las bases de datos del Ministerio de Educación no son compatibles entre sí. Esto significa que las autoridades ministeriales puede saber de una escuela: cuántos computadores se han instalado, qué puntaje obtuvo en el SIMCE, cuántos alumnos aprobaron, cuántos alumnos vulnerables hay matriculados y cuál es la asistencia promedio, pero cada una de esas informaciones están en bases distintas (Enlaces, SIMCE, Registro de Estudiantes de Chile, JUNAEB y Subvenciones), por tanto no puede cruzar las variables ni tener modernos sistemas de “Data mining”, que pudieran iluminar a las políticas públicas.

Y si lo anterior describe la situación del Ministerio, mucho más precaria es la información que manejan los propios sostenedores, los directivos, los docentes y al final de la cadena los propios padres. Cada eslabón de esta cadena tiene menos información que el anterior para el ejercicio verdaderamente responsable de sus decisiones, las que debido a su alineación con las metas son siempre generadoras de “graves consecuencias”, buenas o malas, para los resultados educativos. En palabras de Anderson:

“Estas decisiones de “graves consecuencias” generan exigencias de que la información de las evaluaciones se use para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje... Los sistemas que se basan en resultados dependen de la amplia comunicación de resultados a padres de familia y al público en general. Muchos sistemas basados en resultados generan boletas de calificaciones o perfiles de las escuelas para que se distribuyan a públicos en general... en la mayoría de los sistemas de rendición de cuentas basados en resultados se reconoce públicamente el desempeño y se otorgan recompensas, a veces económicas, a las escuelas o individuos que muestren un desempeño alto y/o mejor... El cambio duradero requiere de la integración de soluciones en todos los organismos y todas las responsabilidades de la comunidad”.
Cuando cada uno de los actores comprende los datos derivados de un sistema de rendición de cuentas en el que todos esos componentes son “congruentes”, es más probable que responda al desempeño de las escuelas en forma reflexiva y dispuesto a dar su apoyo. En este sentido, agrega el texto citado, “Los sistemas de rendición de cuentas basados en resultados requieren que tanto los educadores como el público comprendan el significado de los datos, las implicaciones respecto a las formas en que se agrupan los datos y, aún más importante, las formas en que se pueden utilizar los datos para hacer mejoras”.

Si antes de definir las metas que cada establecimiento desea alcanzar, durante su proceso de desarrollo, o en el momento de evaluar las acciones, no existen sistemas de información completos y objetivos, será imposible reclamar a los actores el incumplimiento de sus responsabilidades, simplemente porque no hay datos objetivos que permitan respaldar ese reproche.

Por ejemplo, Anderson reseña el tipo de información que podría ser útil para el compromiso de padres y apoderados:

“Los informes útiles para los padres de familia son aquellos que les ayudan a comprender lo que conviene a los intereses de sus hijos. En consecuencia, estos informes deben ser privados, pero deben permitir la interpretación del avance del hijo o hija con respecto a estándares explícitos, a expectativas de acuerdo con el grado escolar y en comparación con sus compañeros. Los informes escolares deben proporcionarse en formatos de fácil lectura y en un nivel apropiado para la población en general. Deben utilizarse representaciones gráficas y proporcionarse materiales auxiliares a los padres de familia que deseen ir más allá del resumen publicado.

Se espera que los padres de familia usen la información para alentar y motivar a sus hijos y como base para interactuar con el personal de la escuela. En última instancia, también se espera que los padres de familia presenten la escuela a la comunidad de manera objetiva y que aboguen por la responsabilidad ciudadana en la creación de una cultura de altas expectativas y desempeño”.

En síntesis, en nuestro país requerimos con urgencia instalar una cultura de responsabilidad por la calidad educativa, de manera que la “educación, tarea de todos” deje de ser sólo un eslogan y pueda convertirse en una cultura de compromiso con los resultados, de cada uno de los involucrados.

Para ello se requieren cambios importantes en la forma de hacer las cosas, en las culturas escolares locales, de manera que efectivamente se abran canales de participación reales y ordenados por el logro de resultados, que no es otra cosa que el cumplimiento de las metas que la propia comunidad organizada se ha dado. Pero eso implica, y ese es el desafío para la política pública, de señales e instrumentos que legitimen este trabajo, que lo incentiven y estimulen, que le den espacios de formación y de comunicación, recompensando las buenas prácticas y el logro de resultados, para que se formen círculos virtuosos en que se valore y apoye el trabajo responsable de las comunidades.

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