20 jun. 2008

La Educación Pública

niña escribiendo en una pizarra en una sala de clasesLa educación publica existe en todo el mundo desde la formación misma de los Estados y, particularmente en el último siglo, como reflejo del compromiso de los Estados por asegurar a todos sus ciudadanos el cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 26 sostiene que "toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos".

La forma específica en que los Estados procuran cumplir su compromiso varía enormemente, con combinaciones muy diversas de provisión pública o privada, con distintos formatos, y con muchos modelos pedagógicos e institucionales. Pero lo que no se ha perder jamás de vista es que independientemente del procedimiento, lo realmente importante es el objetivo: otorgar oportunidades de acceso a una educación de calidad, que habilite para la vida en sociedad a todos los ciudadanos.

Es en esta línea que se señala, con razón, que toda educación es pública, toda educación es un servicio y una función pública, por cuanto sirve al propósito de construir una sociedad más justa, más desarrollada y más humana.

Por eso no deja de ser extraño que la discusión sobre la "educación pública" en Chile se haya concentrado en la educación municipal, equívoco que puede tener nefastas consecuencias para el país y para el propio Estado.

El equívoco reside naturalmente en pensar que los municipios, como organismos del Estado, son los únicos responsables de la función pública de educar y por tanto los llamados a cumplir el compromiso por una educación "gratuita", "obligatoria" y "de calidad".

Chile tiene una larga tradición de provisión mixta de la educación, mediante la existencia de establecimientos administrados directamente por el Estado, otros financiados por el Estado pero administrados por organismos o personas privadas, y otros de financiamiento y gestión privada. Todos ellos, al formar parte del sistema educacional del país, cumplen con una función pública, un compromiso del Estado con sus ciuadadanos, razón que explica el que las leyes regulen los requisitos, las formas y los contenidos que deben considerar en el ejercicio de su función.

Es particularmente importante el papel del Estado en los establecimientos que reciben financiamiento público, que representan el 90% de la matricula del país. Ya sean administrados por los municipios (u otros organismos estatales que en el futuro se determine) o por personas u organismos privados, ellos representan directamente el esfuerzo del país por ofrecer una educación de calidad, mediante no sólo la propuesta de un marco de regulación, sino que directamente mediante la entrega de recursos públicos, de todos los chilenos, para su desempeño.

Por ello suponer que el esfuerzo del Estado por "fortalecer la educación pública" es sinónimo de inyectar recursos y modificar la institucionalidad de la educación municipal, constituye una renuncia grave al deber que asiste al Estado respecto de los niños, niñas y familias que asisten a la educación particular subvencionada, la que, como hemos señalado, es también educación "pública", aún cuando su gestión sea privada. Baste recordar a este efecto que el reconocimiento oficial de los establecimientos es conocido como "decreto cooperador", justamente por que supone que el sostenedor privado está "cooperando" con el Estado en el cumplimiento de su compromiso con los ciudadanos.

El equívoco puede traducirse, gravemente, no sólo en la discriminación negativa de las familias y esudiantes que asisten a establecimientos particulares subvencionados (mediante una desigual distribución de recursos públicos en favor de aquellos que asisten a la educación municipal), sino que en la completa privatización y falta de control adecuado sobre la educación particular subvencionada.

Aquí podría resultar cierto el lema de Nicanor Parra: "La izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas". La izquierda extraparlamentaria y el sector de izquierda de la Concertación parecen estar (por razones completamente diferentes) de acuerdo con la Derecha. Mientras el equívoco sostiene el esfuerzo de la izquierda de defender la educación pública como sinónimo de la educación provista exclusivamente por el Estado, permite a la derecha obtener espacios para la libre actuación del mercado en la educación particular subvencionada, aún cuando sea a costa (para unos y otros) del mal uso o la falta de adecuados controles sobre los recursos de todos los chilenos.

Es urgente la discusión sobre qué vamos a entender por educación pública. A mi me parece evidente que los compromisos del Estado y los requerimientos del mundo contemporáneo nos obligan a entender toda la educación como una obligación de toda la sociedad, por tanto, una responsabilidad pública, y eso obliga a poner el centro de atención en el acceso equitativo a una educación de calidad para nuestros estudiantes, en el buen uso de todos los recurso públicos involucrados, y en una institucionalidad pública fuerte y eficiente, que apoye los aprendizajes y los esfuerzos de todos, públicos y privados, por ofrecer oportunidades para la formación de nuestros nuevos ciuadadanos.

Es de tal magnitud el desafío, que no puede ser la hora de restar a nadie. Necesitamos el esfuerzo del Estado, el Ministerio, los municipios y gobiernos locales, las iglesias y organizaciones sin fines de lucro, los privados, la familias, los profesores y los estudiantes. Este es el momento y no podemos perder más tiempo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Creative Commons License

Esta obra está bajo una
licencia de Creative Commons.