22 feb. 2012

Textos escolares digitales para Chile

Cuando el Ministerio de Educación distribuye textos escolares, en realidad está haciendo tres cosas bien distintas al mismo tiempo: está seleccionando contenido educativo, está comprando papel impreso y está pagando para que todo ello llegue a todas las escuelas. ¿Cómo podrían cambiar estas tres operaciones si el Ministerio de Educación se decidiera a digitalizar los textos escolares, como ya lo ha hecho Corea del Sur y como acaba de anunciarlo Estados Unidos?

El cambio más evidente es el de la distribución. Con textos digitales, puestos en un dispositivo de lectura digital (eReader) o en una tableta de bajo costo, cada año se podría agregar o modificar el contenido para actualizarlo, de manera remota, sin necesidad de bodegas, inventarios, camiones y camionetas, que como sabemos, no siempre llegan a destino. Si los dispositivos incluyeran la función touch (como de hecho lo hacen todas las tablets y varios de los eReaders ya presentes en el mercado) podrían incluirse allí mismo las actividades que los estudiantes deben realizar en ellos.



En el caso de la impresión, sólo veo ventajas en el cambio. En primer lugar, el impacto ambiental de miles de hojas impresas, de cientos de vehículos recorriendo kilómetros para llegar hasta todas las escuelas, cada año. Además, las pruebas que se han hecho hasta ahora han demostrado muy escasas diferencias en la comprensión lectora y en la retención, cuando la experiencia de lectura es en dispositivos digitales o libros impresos, a veces a favor de una, a veces de la otra experiencia. Cualquier error en un texto podría corregirse en cosa de minutos y cualquier cambio curricular podría verse reflejado en los textos escolares en cosa de días.

En relación al contenido, como escribí hace un tiempo, el Ministerio de Educación paga recurrentemente por el mismo contenido, ya que las editoriales le venden una y otra vez casi el mismo texto (con ajustes menores casi siempre), manteniendo ellas los derechos de autor y los derechos de uso sobre el contenido. Si el Ministerio de Educación, desde ya, separara esta licitación de las otras dos, comprando los derechos de uso del contenido educativo sobre cualquier plataforma, estaría dando tres pasos enormes. Primero, porque rompería el monopolio que hoy día detentan las empresas editoriales basado en el poder de sus imprentas, y no en la calidad intrínseca de su contenido. Ello permitiría la participación de muchos otros proveedores de contenido, empresas y personas, especialmente docentes, que podrían ofrecer contenido de calidad. Segundo, porque permitiría generar un banco de contenidos diverso y creciente, que permitiera a los docentes y los estudiantes usar estrategias diferenciadas según el contexto social, según los gustos e intereses de los alumnos, según la consistencia de las unidades temáticas entre sí y combinadas con otras asignaturas. Y tercero, porque de esta manera podría abrirse a una nueva variedad de tipo de recursos, ya no sólo páginas impresas, sino también vídeos, animaciones, aplicaciones interactivas, experiencias en red, actividades de evaluación, etc. Si a esto se agrega que, ya que tenemos los dispositivos en manos de los estudiantes, podemos llenarlos de libros apropiados para cada edad y nivel, mejorando la disponibilidad de las bibliotecas escolares para que estén siempre "a la mano" de los estudiantes y sus familias. Y si ya están conectados, tenemos cientos de posibilidades de comunicación, gestión escolar, trabajo en red, listas para ser utilizadas.

Por supuesto que esto no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Requiere muchos cambios normativos, logísticos y sobre todo culturales. Requiere hacerse cargo de los intereses poderosos que sostiene la situación actual. Y requiere decisión política. El ministerio ya gasta 21 mil millones de pesos cada año en la compra y distribución de textos impresos, otros 6 mil millones en bibliotecas escolares y casi 50 mil millones en el programa Enlaces. Sin apenas invertir muchos más recursos, en 4 años podría transitar hacia una política universal de textos escolares digitales. Para muchos países de América Latina, esto es un sueño imposible. Chile podría hacerlo realidad si contara con esa voluntad y la audacia para abordar el cambio.

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