6 feb. 2014

Textos escolares: terminemos otro abuso

Escrito junto a Mario Waissbluth
Publicado en "El Mostrador" el 6 de febrero de 2014

Atorvastatina es una droga utilizada para controlar el colesterol, se consume masivamente, y la caja cuesta $2 mil pesos. El producto de marca, Lipitor, cuesta $46 mil. Un ejército de visitadores recorre las clínicas ofreciendo regalos, viajes, y prebendas para inducir a los médicos a recetar el de marca, en centenares de medicamentos.

Felizmente, el gobierno hace poco promulgó la Ley de Fármacos, estableciendo la obligación de los médicos de colocar en la receta el nombre comercial y la denominación genérica de los medicamentos. Por supuesto, hubo lobby y chillidos, aduciendo que los de marca son mejores. Uno de nosotros, Mario, ha usado el genérico Alopurinol por años, que cuesta 20 veces menos que el de marca (Zyloric). Los niveles de ácido úrico en su sangre siguen perfectamente controlados.

Ahora, sustituya Zyloric o Lipitor por el texto escolar de matemáticas o física de 2º Medio y la situación es casi idéntica, pero, en este caso, sin acción gubernamental o parlamentaria alguna. El 2012, el Ministerio de Educación entregó alrededor de 5 textos gratuitos a 3 millones de estudiantes. El costo fue de $22 mil millones de pesos. Agregando distribución, los textos escolares cuestan cerca de mil quinientos pesos cada uno, ya en manos del alumno. Los “de marca”, virtualmente idénticos a los licitados por MINEDUC, cuestan entre 10 y 20 veces más. Las editoriales (las mismas que le venden los textos a MINEDUC) le agregan algunas paginitas más, un instructivo para los profesores, y así aducen que son textos “de calidad superior”. Lipitores educativos, que además se cambian levemente todos los años. Cuesta creer que la forma de enseñar matemáticas mute anualmente.

SEGREGACIÓN Y LUCRO EDITORIAL VAN DE LA MANO

Copiamos a continuación uno de muchísimos testimonios que nos han llegado por las redes sociales, del director de una escuela particular subvencionada con más de mil alumnos, que cobra un copago sustancial:

“Como Director de colegio recibí a los vendedores de textos, muy interesados en hacer un ‘convenio’, para lo cual, efectivamente, nos ofrecieron hasta viajes al extranjero (para los directivos) y un montón de ‘regalías’ adicionales, tales como talleres para profesores, material didáctico audiovisual, donación de libros, aportes para eventos, giras, agendas, aportes para premiaciones, etc. Revisamos y comparamos con los textos MINEDUC y eran prácticamente iguales. Sin embargo, finalmente el sostenedor decidió que debíamos adscribirnos a los textos comprados, rechazando los gratuitos del MINEDUC, pese a nuestro informe, argumentando que de esta forma se ‘filtra’ mejor al tipo de alumno que deseaban ‘captar’… o sea, segregación camuflada”.

El 2012, el Ministerio de Educación entregó alrededor de 5 textos gratuitos a 3 millones de estudiantes. El costo fue de $22 mil millones de pesos. Agregando distribución, los textos escolares cuestan cerca de mil quinientos pesos cada uno, ya en manos del alumno. Los “de marca”, virtualmente idénticos a los licitados por MINEDUC, cuestan entre 10 y 20 veces más. Las editoriales (las mismas que le venden los textos a MINEDUC) le agregan algunas paginitas más, un instructivo para los profesores, y así aducen que son textos “de calidad superior”. Lipitores educativos, que además se cambian levemente todos los años. Cuesta creer que la forma de enseñar matemáticas mute anualmente.
Este colegio obliga a sus apoderados a gastar cerca de $160 mil pesos anuales por alumno, rechazando textos gratuitos prácticamente idénticos. Algunos profesores en las redes sociales afirman que son virtualmente iguales, otros reclaman que los textos del MINEDUC son “peores” y con errores. Si fuera cierto –es dudoso– la inmoralidad de las editoriales, al producir textos “peores” para algunos alumnos y “mejores” para otros, sería inconcebible. Por otro lado, tal vez para MINEDUC estos textos “mejores” podrían salir costándole mil setecientos pesos en lugar de mil quinientos, incluyendo instructivos y hojas de ejercicio.

Doble negocio. Los colegios segregan más eficazmente, y las editoriales, a ojo de buen cubero, se están embolsando anualmente algo así como US$ 200 a 300 millones financiados por los apoderados de colegios particulares. Para comparación, el monto total del financiamiento compartido en Chile bordea los US$ 600 millones. El apoderado que está pagando $15 mil mensuales de copago, en realidad está pagando el doble si se le agregan los libros.

CAMBIOS INMEDIATOS

En primer lugar, la Superintendencia de Educación debería ser rigurosa en vigilar el cumplimiento del instructivo recientemente emitido: “Los padres y apoderados tienen el derecho a saber si los alumnos contarán con los textos escolares gratuitos que proporciona el MINEDUC. El director, a más tardar al momento de la matrícula de los estudiantes, deberá informar por escrito a todos los padres y apoderados su decisión sobre los textos escolares 2014″.

En segundo lugar, los apoderados debieran tomar conciencia de este escándalo y, a través de los Centros de Padres, organizarse para exigirles a los colegios que les muestren los libros del MINEDUC, se comparen, y se les den buenas razones para incurrir en tamaños desembolsos… si es que fuera necesario.

TECNOLOGÍA DIGITAL PARA SOLUCIONES ESTRUCTURALES

Hay soluciones más estructurales. Uno de nosotros (Eugenio) lleva casi una década proponiendo –sin ser escuchado– separar la licitación de textos escolares en dos: una por los contenidos, entregando al Ministerio los derechos de uso de ese contenido sobre cualquier plataforma de distribución y a perpetuidad, de manera de ir generando un banco de contenidos educativos, y otra licitación separada para la impresión y distribución de los textos en papel o en medios electrónicos. Con esto, se podría ofrecer a todos los niños de Chile contenidos educativos de idéntica calidad, tal vez los mejores del mundo, a costos ínfimos.

Si este cambio de modalidad licitatoria incorporara además textos digitales, instalados en un dispositivo de lectura (eReader) o en una tableta de bajo costo, cada año se podría agregar o modificar el contenido para actualizarlo, de manera remota, sin necesidad de bodegas, inventarios ni camionetas, sin daño ecológico ni destrucción de árboles. Si los dispositivos incluyeran la función touch, podrían incluirse allí mismo las actividades que los estudiantes deben realizar en ellos.

El costo de estos dispositivos anda hoy entre 40 y 50 mil pesos, es decir, el equivalente a tres de los cinco o seis costosos “lipitores educativos” que están siendo obligados a comprar los apoderados de algunos colegios pagados o subvencionados cada año. Estos eReaders podrían incluir además bibliotecas completas de textos, desde jardín infantil hasta 4° medio, cuentos para niños, y lo que se desee agregar como material educativo.

Las pruebas que se han hecho hasta ahora han demostrado escasas diferencias en la comprensión lectora y en la retención, cuando la experiencia de lectura es en dispositivos digitales o libros impresos. Cualquier error en un texto podría corregirse en cosa de minutos y cualquier cambio curricular podría verse reflejado en los textos escolares en cosa de días.

El Ministerio de Educación paga recurrentemente por el mismo contenido, ya que las editoriales le venden cada año casi el mismo texto, con ajustes menores, manteniendo ellas los derechos de autor y los derechos de uso sobre el contenido. Se rompería así el monopolio que hoy día detentan las empresas editoriales, basado en el poder de sus imprentas y no en la calidad intrínseca de su contenido. Ello permitiría la participación de muchos otros proveedores de contenido, empresas y personas, especialmente docentes, que podrían ofrecer contenido de calidad. Esto facilitaría además enriquecer sustancialmente esfuerzos iniciales como el desarrollado por el MINEDUC con la iniciativa “Currículum en Línea”.

IMPLEMENTACIÓN GRADUAL

Para evitar una “catástrofe digital”, esta solución se puede implementar gradualmente, comenzando por los primeros cuatro años de enseñanza, agregando cada año dos nuevos niveles, partiendo por las regiones más remotas, y avanzando cada año hasta el centro. De esta manera, todos –autoridades, editoriales, profesores y estudiantes–, podrán hacer una transición suave, en cuatro a cinco años, hasta que todo el sistema esté digitalizado. Y cuando los niños ya estén conectados, surgirán cientos de posibilidades de comunicación, gestión escolar, trabajo en red, listas para ser utilizadas.

Un niño, una familia, un eReader, una clave de uso para que estos dispositivos no se anden transando en el mercado negro, licencias masivas del hardware y los textos, y saltamos de un golpe al siglo XXI en materia de textos escolares, tal como ya lo hizo Corea del Sur y como acaba de anunciarlo Estados Unidos. Vamos que se puede.

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